Impunidad, el 'rostro' de múltiples violencias que enfrentan las defensoras

Entre enero de 2002 y septiembre de 2025, en Colombia fueron asesinadas 238 mujeres que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos. En 23 años, la justicia tan solo emitió 38 sentencias contra sus victimarios.

Las lideresas y defensoras que se atreven a asumir la vocería de causas comunales, comunitarias, indígenas y campesinas son las más asesinadas en Colombia. Así lo atestiguan los registros del Programa Somos Defensores, que, desde hace más de dos décadas, monitorea la violencia que padecen quienes ejercen la defensa de derechos humanos en el país más peligroso para esa labor.

Además de lidiar con grupos armados y los intereses de poderosos a los que se oponen, las colombianas que incursionan en este activismo deben superar barreras establecidas por el machismo y roles de género que buscan mantenerlas relegadas al cuidado del hogar. A ello se suman el paso lento de la justicia y la impunidad que impera en las investigaciones de los asesinatos de sus compañeras.

En el proyecto Historias Inconclusas, realizado por Somos Defensores y VerdadAbierta.com, le consultamos a la Fiscalía por el estado procesal de 238 homicidios de mujeres defensoras de derechos humanos perpetrados desde 2002. Los resultados de la entidad fueron desalentadores. (Leer más en: Apenas uno de cada diez asesinatos de líderes sociales cometidos en 23 años, tiene sentencia)

En 94 casos no dio respuesta, reportó 33 sentencias condenatorias en firme –este medio halló cinco más a través de reportería–, 19 casos en juicio, seis precluyeron y los 85 restantes se encuentran en diferentes fases de investigación. (Leer más en: Investigación penal sobre homicidios contra líderes sociales: más desorden que esclarecimiento)

Lo anterior significa que tan sólo el 16 por ciento de los asesinatos han sido esclarecidos por el aparato judicial.

En cuanto a territorialidad, los departamentos con más defensoras asesinadas son Cauca (40), Antioquia (28), Valle del Cauca (18), Nariño (16), Norte de Santander (16) y Putumayo (15). La distribución de sentencias se queda corta por departamentos, pues ninguno alcanza dos dígitos.

La mayor cantidad de sentencias se emitió por asesinatos ocurridos entre 2017 y 2019. Lo anterior está relacionado con la creación de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, que hace parte de la implementación del Acuerdo de Paz que el Estado alcanzó con la extinta guerrilla de las Farc, para que se investiguen por medio de una metodología de priorización los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurridos desde 2016.

Esta situación genera inquietud en organizaciones de derechos humanos, pues los asesinatos que ocurrieron antes del Acuerdo de Paz no tienen asignados los mismos recursos institucionales para ser esclarecidos y, como indican las cifras, parecieran estar relegados.

Más allá de las cifras

Para Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, es muy preocupante que la impunidad sea el común denominador en 23 años de investigaciones judiciales. Para ella, ese 16 por ciento de sentencias genera fuertes cuestionamientos sobre la falta de garantías para que las mujeres puedan ejercer la defensa de derechos humanos.

“Esa marca en el tiempo, la impunidad, permite la réplica de los hechos violentos contra quienes defienden derechos en nuestro país. Y la situación se vuelve especial si se tiene en cuenta que las mujeres en Colombia tenemos riesgos sólo por ser mujeres. Y estos aumentan en la medida en que tú como mujer, en este caso defensora, decides salir de la esfera privada a la pública, a tratar de transformar una sociedad patriarcal violenta, estructurada alrededor de la participación principalmente de los hombres en los escenarios de poder”, plantea.

Considera que las 38 sentencias son un indicador que deberían mantener encendidas las alarmas del país y cuestionar cuál es realmente el papel del Estado en materia de protección y prevención, ya que las mujeres defensoras tienen un triple riesgo por cuestiones de género.

Esa visión es compartida por Laura Villamizar, de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), quien sostiene que las activistas padecen riesgos específicos por ser mujeres, razón por la cual sufren agresiones particulares antes de que la violencia se vuelva letal.

“Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos tienen el agravante de que en el caso de mujeres la mayoría están antecedidos por una serie de agresiones, de amenazas y de estigmatizaciones, que en su mayoría tienen unas marcas de género supremamente evidentes y que no son tenidas en cuenta a la hora de avanzar en las investigaciones de la Fiscalía”, indica.

Agrega que una de las principales es la violencia vicaria. “Está la amenaza de agresión a sus hijos y familiares. Es muy común en el ejercicio del liderazgo social que ejercen las mujeres por parte generalmente de actores armados y otros que confrontan los intereses que las lideresas defienden en sus territorios. Además de eso, también hemos identificado varios casos de agresión sexual, de acoso o violencia basada en género que, lamentablemente, cuando son denunciados, sus testimonios son puestos en tela de juicio y los procesos se vuelven revictimizantes”.

Ana María Rodríguez, directora de la Comisón Colombiana de Juristas (CCJ), llama la atención sobre la calidad de las sentencias que se han producido, pues además de ser pocas, se suelen limitar a identificar quién fue el autor material de los crímenes. “Pero no indaga, no investiga y no esclarece quién o quiénes estuvieron detrás de esa autoría material, cuáles fueron las motivaciones que llevaron a ese asesinato, quién tomó la decisión de que se asesinara esa persona, quién pagó para que se asesinara y cuáles eran las razones que llevaron a tomar esa decisión”, dice.

Refiere que el número de condenas es bajo porque, a pesar de directrices claras al interior de la Fiscalía sobre la forma en la que se deberían investigar estos crímenes, no siempre se cumplen. Pocas veces se investiga el crimen usando como punto de partida la actividad de liderazgo, la actividad de defensa que hacía para intentar identificar los motivos y a quiénes podrían interesar la comisión del crimen.

Agrega que para el caso de las mujeres defensoras, la impunidad genera un efecto intimidatorio muy fuerte en los procesos organizativos que ellas acompañan y en las comunidades con las que trabajan. “Muy rápidamente corre la voz de lo que le pasó a una, le puede pasar a las demás si siguen insistiendo en hacer esta tarea y por lo tanto eso le pone presión a las mujeres para que se callen, para que dejen de denunciar o para que abandonen su liderazgo”. 

Silenciamiento y poca participación

Historias Inconclusas consultó a la Fiscalía por medio de derechos de petición por el estado procesal de 1.838 asesinatos documentados por Somos Defensores en los últimos 23 años. De ellos, 238 corresponden a mujeres y 1.600 a hombres.

La diferencia en números puede estar relacionada con dos situaciones: que las mujeres padecen agresiones basadas en género que las hacen renunciar a su activismo; y, que los espacios de liderazgo son ocupados en su mayoría por hombres.

“Hemos visto que hay más amenazas y estigmatización que asesinatos (de lideresas). Muchas veces no son directas; les mandan a decir: 'Es mejor que usted deje de ser tan cansona; es mejor que usted se guarde; esté en la casa cuidando a los hijos y al marido; baje su perfil; es mejor que usted esté un poquito más callada; mire que usted tiene niños'”, indica Villamizar, de la CJL.

Al respecto, Olga Amparo Sánchez, directora de la organización feminista Casa de la Mujer, señala que existe un claro patrón de hostigamiento hacia las lideresas y amenazas centradas en sus hijos, las cuales incluso llegan hasta su posible reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

“Las amenazas y estos hostigamientos se dan en momentos en que las lideresas tienen un reconocimiento de la legitimidad de sus territorios. Y eso tiene un impacto muy grave porque lleva a que las mujeres digan: 'No, ya voy a disminuir mi liderazgo o mi presencia, porque tengo que proteger a mi familia, me tengo que proteger yo'”, indica.

Esa renuncia genera un impacto profundo porque la construcción de liderazgos es una tarea compleja, dice. “A las mujeres les cuesta económicamente, les cuesta emocionalmente y les cuesta políticamente. A veces una mujer dice que va a bajar su perfil de liderazgo, es una pérdida también de tejido social”.

Torres, de Somos Defensores, comparte ese planteamiento y agrega que las mujeres tienen menos espacios para hacer activismo con impacto. “Para que una mujer sea defensora o lideresa de su territorio, se necesita más esfuerzo. De alguna manera, por lo que implica social y culturalmente, han tenido que derribar barreras que las encasillan en que su deber es estar en la casa, no haciendo 'vida social' o dejar de meterse en los temas de los hombres”, precisa. 

Por lo tanto, explica, “los escenarios para las mujeres son menores que para los hombres, aunque eso ha venido abriéndose gracias a la lucha de las mujeres y del feminismo, pero todavía hay fuertes restricciones”.

Ante la impunidad que ronda no sólo los asesinatos sino las amenazas que padecen las defensoras, la directora de la Casa de la Mujer reclama diligencia: “La Fiscalía tiene una gran deuda. De los delitos cometidos contra las mujeres, entre el 80 y 90 por ciento queda en la impunidad. Da lo mismo denunciar o no denunciar, es el mensaje que nos quieren dar. Nosotras creemos que da lo mismo”.