Apenas uno de cada diez asesinatos de líderes sociales cometidos en 23 años, tiene sentencia

Entre enero de 2002 y septiembre de 2025, el Programa Somos Defensores registró 1.838 asesinatos de estos activistas que se dedican a luchar por múltiples causas. El proyecto Historias Inconclusas le consultó a la Fiscalía General de la Nación por el estado procesal de ellos, y como respuesta obtuvo que 201 cuentan con sentencias condenatorias en firme.

Enoc Samboní, Norma Irene Pérez y Anuar Rojas, tienen algo en común más allá de ser personas defensoras de derechos humanos que fueron asesinadas en Colombia: las investigaciones para juzgar a sus victimarios figuran en estado de indagación en los registros judiciales. Ellos representan las luchas de liderazgos del sector campesino, comunitario e indígena, que fueron 'sacados del camino' por ser el obstáculo para los intereses de terceros desconocidos, pero también el paso lento de la Justicia.

Enoc fue asesinado en Cauca en 2002, Norma en Meta en 2010 y Anuar en Chocó en 2020. Fueron ultimados en tres décadas distintas, pero la respuesta del sistema judicial es la misma: las investigaciones de sus asesinatos no han trascendido a mayores instancias procesales. Como ellos tres, los casos de otras 622 víctimas a las que les quitaron la vida por defender derechos humanos, se encuentran en etapa de indagación.

Del  universo de 1.838 personas defensoras asesinadas, destacan los siguientes registros: en 605 casos el ente investigador no dio respuesta, reportó un total de 219 sentencias (ocho son absolutorias y diez fueron apeladas), 198 se encuentran en juicio y 42 precluyeron.

Estos registros fueron obtenidos por Somos Defensores a través de derechos de petición a la Fiscalía, en medio del proyecto Historias Inconclusas, creado en alianza con VerdadAbierta.com, para visibilizar la crisis de violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esta iniciativa nació en enero de 2023, a raíz del descontento de organizaciones defensoras de derechos humanos ante los reiterados anuncios del ente investigador sobre supuestos “resultados históricos” en materia de “esclarecimiento de asesinatos de líderes sociales”.

El 5 de enero de 2022, la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, anunció que “el esclarecimiento” de estos crímenes había llegado al 68 por ciento. Ante la discrepancia de esa cifra y los reclamos de sectores de derechos humanos que alegaban que ese registro podría estar inflado, ambas organizaciones nos unimos para indagar en profundidad.

Es así como se le consultó a la Fiscalía por el estado procesal de 1.333 asesinatos que Somos Defensores había documentado entre enero de 2002 y septiembre de 2022. La entidad tan sólo dio respuesta de 417 casos, reportando que seis estaban en etapa de instrucción, 35 en investigación, 75 tenían sentencia, 62 estaban en juicio y 234 están en etapa de indagación.

Dicha respuesta dio pie para la realización de este reportaje publicado el 21 de enero de 2023, que deja en evidencia problemas de la Fiscalía para consolidar y procesar información sobre asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Más allá de haber contestado tan sólo por el 31,2 por ciento de los casos, en su reporte no dio cuenta de 104 sentencias dictadas por juzgados, las cuales fueron encontradas mediante reportería del equipo de VerdadAbierta.com.

Finalmente, ese artículo periodístico desvirtuó que el esclarecimiento fuera del 68 por ciento. ¿La razón? Para ese entonces, el ente investigador implementó una metodología que tomaba como esclarecimiento cualquier avance procesal y no tenía como único indicador las sentencias en firme, como lo determina la ley al momento de cerrar un proceso judicial. De ese modo, si se tienen en cuenta las 179 sentencias de los 1.333 casos del periodo consultado (sumando las 104 que se encontraron durante la reportería y las 75 que reportó la Fiscalía), se obtiene que el esclarecimiento real es del 13,4 por ciento. 

Una mirada tres años después

El año pasado retomamos esta investigación, consultando por avances en los 1.333 casos de enero de 2002 a septiembre de 2023, agregando 505 asesinatos cometidos entre octubre de 2023 y septiembre de 2025. De este modo, la consulta de los 1.838 se fraccionó en dos procesos dentro de Fiscalía: uno que dio cuenta de los asesinatos cometidos entre 2002 y 2015; y otro de los años siguientes, a cargo de la Unidad Especial de Investigación (UEI). 

Nuevamente, como en la primera entrega de esta investigación, la tercera parte de los casos consultados, 605, no recibió respuesta de la Fiscalía. Al respecto, la UEI, creada por mandato del Acuerdo de Paz con las extintas Farc para procesar los asesinatos de personas defensoras por medio de una metodología de priorización, indicó que buena parte de esos casos no pudieron ser confirmados por falta de información de las víctimas.

En términos de sentencias, la primera respuesta del ente investigador, que abarca los asesinatos cometidos entre 2002 y 2015, da cuenta de un total de 21. La segunda, que comprende el periodo de 2016 a septiembre de 2025, registra 180 condenas.

Lo anterior significa que en tres años la justicia emitió 22 sentencias, mientras que en el país fueron asesinadas 505 personas defensoras de derechos humanos. A pesar de las denuncias de la sociedad civil, el apoyo de la cooperación internacional y los esfuerzos institucionales, los violentos son mucho más rápidos que la justicia. 

A nivel regional, los departamentos con más sentencias son Antioquia (40), Cauca (28), Norte de Santander (16), Valle del Cauca (13) y Nariño (8). No obstante, esos resultados palidecen al compararse con el número de personas asesinadas en cada uno de ellos: 253 en Antioquia, 341 en Cauca, 93 en Norte de Santander, 138 en Valle del Cauca y 144 en Nariño. 

(Consulte al final de este artículo el apartado La impunidad en cifras, para conocer más estadísticas de las sentencias)

Sin embargo, destaca el aumento de los procesos que han llegado a la etapa de juicio. Si bien este no es un factor concluyente, pues los sospechosos deben ser vencidos procesalmente respetándose el debido proceso, la Fiscalía ha llevado al banquillo de los acusados a los presuntos responsables de 198 asesinatos de personas defensoras. Es una cifra que ha aumentado un poco más de tres veces, si se compara con los 62 de hace dos años.

Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), reconoce los esfuerzos para sancionar estos crímenes, pero señala que no son suficientes, ya que la impunidad genera tres efectos directos en la violencia que padecen las personas defensoras de derechos humanos.

Primero, alienta la ejecución de más asesinatos porque no se captura a los responsables ni se da con los autores intelectuales. También perpetúa la estigmatización que sufren estos activistas, generando riesgos para quienes asumen la defensa de derechos o el liderazgo social. Y, por último, envía el mensaje de que el Estado colombiano tolera estos asesinatos al no esclarecerlos.

Sobre el segundo efecto, Rodriguez profundiza que la ausencia de justicia perpetúa imaginarios que deslegitiman el derecho a defender derechos: “Uno de los roles que cumplen las sentencias judiciales en estos casos es, de alguna manera, reconocer la labor de defensa que hacen estas personas o la labor de liderazgo que se realiza en algunas regiones; y dejar claro que cuando el asesinato se comete porque la persona tenía vínculos con grupos armados supuestamente, en realidad no era así, era una persona que hacía un trabajo legítimo”.

Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), coincide en que la impunidad es una garantía para que los violentos sigan asesinando a personas defensoras y desestabiliza procesos organizativos.

“La impunidad no afecta solamente un hecho cierto, como lo es el homicidio de un líder social, sino que afecta también al futuro, porque a los líderes sociales no los asesinan por ser líderes sociales solamente, sino que los asesinan especialmente por representar un proceso”, dice, como por ejemplo, la ampliación de un resguardo indígena, la creación de un consejo comunitario, la implementación del Acuerdo de Paz y temas LGBTI o de mujeres.

“Y cuando se asesina a un líder y hay impunidad, no hay garantía para que otro líder pueda asumirlo, pues corre el mismo riesgo”, sostiene.

Por otro lado, ante los resultados presentados por la Fiscalía, Juan Manuel Quinche, coordinador del Sistema de Información del Programa Somos Defensores, llama la atención que las acciones del ente investigador se están concentrando en los asesinatos ocurridos desde 2016. Y su observación encuentra sustento en las respuestas que la entidad remitió para este proyecto, pues las sentencias de asesinatos ocurridos entre 2002 y 2015, tan sólo aumentaron en una en tres años.

“Los casos que ocurrieron antes del Acuerdo de Paz están rezagados. Aunque sean casos anteriores a 2016, también se debe cumplir el principio del derecho a la igualdad: no es posible que las personas que fueron asesinadas después de un año tengan más derecho al esclarecimiento que otras”, indica.

Por otro lado, Quinche plantea que la impunidad de asesinatos de personas defensoras es alimentada por la falta de acciones de la justicia en otras agresiones que sufren previamente estos activistas.

“La violencia letal no se debe entender de una forma aislada, sino que muchas veces es la consumación de hechos de violencia previos. Por ejemplo, nosotros tenemos casos donde hubo una amenaza previa o donde se realizaron solicitudes de esquemas de seguridad a la Unidad Nacional de Protección. Hemos identificado que antes de que se concretara y se materializara un asesinato, ya había antecedentes en muchos de los casos”, señala. 

Y concluye que, en ese sentido, “la impunidad existente en la violencia letal no se tiene que leer como un hecho aislado, sino también comprender la impunidad existente en otro tipo de agresiones. Ese es uno de los aspectos que nos parece estructural”. 

La falta de sentencias y de esclarecimiento integral de estos asesinatos que no llega hasta los autores intelectuales, no sólo perpetúan un ciclo de violencia que ha convertido a Colombia en el país más peligroso para ejercer la defensa de derechos humanos, sino que también mantienen en vilo a las familias y compañeros de luchas de las víctimas. Por eso es necesario que la justicia ponga punto final, para que sus historias dejen de estar inconclusas.

La impunidad en cifras