Investigación penal sobre homicidios contra líderes sociales: más desorden que esclarecimiento
El martes 11 de julio de 2017, la Fiscalía General de la Nación anunció dos resultados importantes: la captura del presunto responsable del asesinato de un líder comunitario que facilitó la desmovilización de milicianos de las extintas Farc en Tumaco y la imputación de cargos del supuesto homicida de un activista de la comunidad LGBTI de ese municipio costero de Nariño.
El mensaje estuvo acompañado, al parecer, de un dato contundente: “Con los recientes resultados, la Fiscalía esclarece el 51,72% de los casos de homicidios de defensores de derechos humanos confirmados por la ONU”. En los siguientes años esa supuesta tendencia continuó y con ella también aumentó el índice de “esclarecimiento”.
El anuncio más reciente de ese tipo que realizó la Fiscalía ocurrió el 5 de enero del año pasado, cuando informó que el avance de esclarecimiento llegó al 68 por ciento. “En 285 de los 417 casos conocidos hubo acciones judiciales efectivas. Esto representa un aumento de 16 puntos porcentuales”, indicó.
Si bien es cierto que el ente acusador ha logrado resultados en la judicialización de asesinatos de defensores de derechos humanos en los últimos años, la manera como presenta sus resultados genera muchos interrogantes y diversas organizaciones sociales ponen en duda ese alto índice de esclarecimiento que suele exponer públicamente.
Para constatar esas cifras, VerdadAbierta.com y el Programa Somos Defensores realizamos una alianza con el fin de resolver una pregunta fundamental: ¿hay en verdad un esclarecimiento avanzado o persiste la impunidad? Para ello, pusimos en línea el micrositio web Historias Inconclusas, que contiene una base de datos que reúne 1.333 casos de líderes sociales asesinados entre 2002 y el primer trimestre de 2022.
La elección de ese periodo de casi dos décadas no fue al azar. Se pretende poner la lupa en la mayor cantidad de casos de defensores de derechos humanos, puesto que los anuncios que realiza la Fiscalía corresponden a asesinatos ocurridos desde hace seis años, pero hay una gran sombra sobre los homicidios ocurridos entre los años 2002 y 2015.
El ente de investigación toma como referencia 2016 porque su metodología de priorización toma como fuente de documentación o punto de partida los casos que registra la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos de Humanos (OACNUDH) a partir de ese año.
En VerdadAbierta.com analizamos, contrastamos y depuramos la base de datos del Programa Somos Defensores que da cuenta de los 1.333 asesinatos. Acto seguido, le enviamos un derecho de petición al ente acusador para que indicara cuál es el estado procesal de cada uno de los casos.
Del total de casos consultados, tan sólo envió información de 484. En su respuesta, la entidad indicó que la falta de nombres completos y de documentos de identificación, a pesar de que la consulta incluía fechas, lugares de los asesinatos y datos sobre los liderazgos de las víctimas, dificultó la búsqueda en sus sistemas de información.
Al depurar los registros suministrados y cruzarlos con los de Somos Defensores, descartamos 72 porque había casos duplicados y en otros no coincidían, por amplia diferencia, la fecha de los crímenes, la cual fue corroborada con la revisión de notas periodísticas.
Por lo tanto, analizamos 417 casos de los que la Fiscalía suministró información. Los resultados se distribuyen de la siguiente manera: seis están en etapa de instrucción, 35 en investigación, 75 tienen sentencia, 62 se encuentran en juicio (tres de ellos son de sentencias que fueron apeladas) y 234 están en etapa de indagación.
Esa respuesta pone de presente que el esclarecimiento real de los casos, el cual se logra con condenas que quedan en firme tras vencer en juicio a los presuntos responsables o establecer a acuerdos que avalan jueces de la República para emitir condenas más flexibles, tan sólo llega al 5,6 por ciento, y dista mucho del 68 por ciento anunciado en los primeros días de 2022. Ese porcentaje corresponde a 75 sentencias que la Fiscalía reportó sobre los 1.333 casos ocurridos en las dos últimas décadas.
Si se reduce el margen de tiempo del análisis, ubicándolo entre 2016 y el primer trimestre de 2022, que corresponde al periodo de casos reportados por la OACNUDH, los cuales son investigados con mayor énfasis y recursos, el resultado es de 54 sentencias en 856 asesinatos. Lo anterior equivale a un esclarecimiento real del 5,2 por ciento.
¿Por qué difieren las cifras? Por la noción de esclarecimiento que tiene la Fiscalía, la cual incluye cualquier tipo de decisión judicial, que puede ir desde aperturas de investigación y expediciones de órdenes de captura, hasta sentencias condenatorias firmes y apeladas.
Esa postura ha sido cuestionada fuertemente por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, pues es una figura que tiende a inflar resultados y poco ayuda a luchar contra la impunidad. Una de esas voces críticas ha sido la de Juan Pappier, director Asociado en Funciones para las Américas de Human Rights Watch, quien le ha pedido transparencia al ente investigador sobre lo que significa “esclarecimiento” o “avance de esclarecimiento”.
“Usa estos términos para referirse a casos donde hay al menos una orden de captura (ejecutada o no). Sería mucho mejor que la Fiscalía siempre indicara en cuántos casos hay órdenes de captura, imputaciones, acusaciones y condenas”, indicó al refutar los resultados que expuso esa entidad a principios de 2022.
Lourdes Castro, directora del Programa Somos Defensores, también pide mayor claridad y profundidad por parte del ente acusador: “El esclarecimiento se da cuando se procesan a los autores intelectuales pero las investigaciones se quedan en los autores materiales; además, si se diera un esclarecimiento efectivo, debería conducir a la desarticulación de los grupos que están amenazando y matando defensores de derechos humanos”.
Las cifras reportadas por la Fiscalía también traen a la luz otro problema para esclarecer los asesinatos de líderes sociales: si los victimarios no confiesan sus crímenes, se dificulta la consecución de condenas y los procesos se estancan. De las 75 sentencias informadas, 44 se lograron porque los responsables aceptaron cargos o llegaron acuerdos con la Justicia (dos de ellas fueron apeladas), mientras que apenas 36 lograron por acusación directa de fiscales en juicios (ocho de ellas fueron absolutorias y cuatro más fueron apeladas).
Es decir, que de los resultados concretos de la Fiscalía General de la Nación, tan sólo el 37 por ciento fueron producto de su labor investigativa y 59 por ciento dependió de la voluntad de los supuestos homicidas. De las cinco sentencias restantes, dos fueron conseguidas en el sistema de la Ley 1098 de 2006 y de las tres restantes no se reportaron detalles.
Por otro lado, también es cuestionable que casos que están en indagación desde 2008, como el de Olga Mariana Vergara, integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres asesinada en Medellín; que se encuentran en etapa de instrucción desde 2002, como el de Enoc Samboní, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), asesinado en Timbío, Cauca; e incluso que están en juicio desde hace doce años, como el de Rigoberto Urriago, líder de una Junta de Acción Comunal de Gigante, Huila, se consideren como esclarecidos. Como ellos, hay cientos.
¿Desorden, desarticulación y desidia?
Aunque la Fiscalía tan sólo suministró información de 417 de los 1.333 casos consultados, por medio de una búsqueda de noticias y de archivos de tribunales y del propio ente investigador, el equipo periodístico de VerdadAbierta.com encontró que varias inconsistencias en la respuesta del derecho de petición, que revelan deficiencias en el manejo de la información de sus propias bases de datos.
El dato más relevante es el de las sentencias. En los documentos que envió a este portal, el ente acusador reportó 75 decisiones judiciales, no obstante, tras una revisión exhaustiva de varias bases de datos, dos de la misma Fiscalía, constatamos que la existencia de 104 fallos adicionales que no fueron reportados por la entidad.
De esas 104 sentencias halladas por este portal, 63 de ellas se refieren a asesinatos de líderes y lideresas ocurridos entre 2002 y 2015; y las 39 restantes, a casos ocurridos entre los años 2016 y el primer trimestre de 2022. Este faltante en la respuesta del ente investigador evidencia fallas en sus sistemas de consulta, pues una de las bases de datos donde VerdadAbierta.com halló decenas de decisiones judiciales se encuentra alojada en su propia página web.
Se trata de un micrositio web en inglés, al parecer, construido a mediados de 2020 bajo la administración del actual fiscal general, Francisco Barbosa, que lleva dos años desactualizado, y que contiene, según se lee allí, la estrategia de la Fiscalía “para la investigación y judicialización de los delitos cometidos contra defensores de derechos humanos”. (Consultar aquí)
Los periodistas de VerdadAbierta.com se dieron a la tarea de consultar uno a uno los datos allí registrados y encontraron 42 sentencias emitidas sobre asesinatos cometidos entre 2016 y 2019, que no reportadas en la respuesta al derecho de petición que tramitaron ante esa entidad a mediados del año pasado, lo que podría ser un caso de desconocimiento de su propia información o de desidia al atender requerimientos de los medios de comunicación.
Dos preguntas surgen a propósito de ese micrositio web: de un lado, ¿hace parte de un proyecto financiado por organismos internacionales? Y de otro, ¿por qué no la actualizan desde mediados de 2020?
Otro de los hallazgos al contrastar las respuestas de la Fiscalía General de la Nación es la aparente desarticulación que existe en el tema de asesinatos de líderes y lideresas sociales con el escenario transicional de Justicia y Paz, creado con la Ley 975 de 2005, para juzgar a exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) acogidos a los acuerdos firmados a mediados de 2003 por el Estado colombiano a través de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y el Estado Mayor de esa organización armada ilegal.
Este portal encontró que varias sentencias condenatorias de tribunales de Justicia y Paz, que incluyeron asesinatos de líderes y lideresas sociales, no están contenidas en las bases de datos del ente investigador, lo que también evidencia la falta de una mirada integral de esta tragedia en las últimas dos décadas, pues en esa instancia participan fiscales e investigadores del CTI.
Y eso llama la atención porque han sido casos destacados, como por ejemplo el del docente barranquillero Alfredo Correa de Andreis, asesinado en la capital del departamento de Atlántico en septiembre de 2004. Por ese crimen fueron condenados los exjefes paramilitares Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, y Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, del Bloque Norte de las Auc; así como el entonces director del DAS, Jorge Noguera, y uno de sus subordinados, Javier Alfredo Valle Anaya.
La Fiscalía tampoco reportó en la respuesta enviada a VerdadAbierta.com algunos casos que comprometen a agentes de la Fuerza Pública a pesar de que las investigaciones propias en bases de datos arrojan sentencias condenatorias, que son reforzadas por el Consejo de Estado, instancia que en algunos casos ha reiterado a través de condenas a la Nación.
Y así como los datos confirman que la Fiscalía General de la Nación no ha esclarecido de manera efectiva los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, también evidencian que hay un notable desorden en el manejo de la información de los casos, en especial sobre aquellos ocurridos entre 2002 y 2015.