Comunal, indígena y comunitario, los sectores con asesinatos más impunes en Colombia
Esos tres sectores de liderazgo social o defensa de derechos humanos son los más golpeados en Colombia: acumulan el 63 por ciento de homicidios cometidos entre 2002 y gran parte de 2025. Así mismo, son los que más casos tienen sin resolver por parte de la justicia.
Colombia es el país más letal para ejercer la defensa de los derechos humanos. Así lo señalan informes anuales que emiten Global Witness y Front Line Defenders. De hecho, esa última organización, el pasado lunes 15 de junio, publicó su reporte más reciente y, como en años anteriores, este país encabezó dicha medición mundial.
Front Line Defenders documentó que en 2025 fueron asesinadas 358 personas que ejercían el derecho a defender derechos. Con 165 víctimas, Colombia fue el país más violento, sacándole amplia ventaja a sus seguidores: México (43), Palestina (43), Brasil (22) y Honduras (13).
A nivel local, quienes más sufren esa práctica de silenciamiento y eliminación son quienes se dedican a defender causas comunales, indígenas y comunitarias. De acuerdo con los registros del Programa Somos Defensores, entre enero de 2002 y septiembre de 2025, fueron asesinadas 1.155 personas que llevaban esas banderas.
En casi 23 años, Somos Defensores registró un total de 1.838 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Lo anterior equivale a que casi dos terceras partes de esas víctimas pertenecían a dichos sectores: 458 al comunal, 379 al indígena y 318 al comunitario.
En promedio, cada año fueron asesinadas 50 personas que se dedicaban a defender causas comunales, indígenas y comunitarias. En contraste, la resolución de esos crímenes por parte de la justicia no tiene una proporción similar, pues, en promedio, tan sólo se emiten seis sentencias condenatorias al año.
VerdadAbierta.com y el Programa Somos Defensores nos aliamos para visibilizar e investigar sobre los alcances de la impunidad en esta materia. De ese modo, en 2023 pusimos en línea el sitio web Historias Inconclusas, en el que por medio de derechos de petición, le consultamos a la Fiscalía General de la Nación sobre los avances judiciales de asesinatos documentados por Somos Defensores.
La consulta más reciente fue por un total de 1.838 homicidios perpetrados entre enero de 2002 y septiembre de 2025. El ente investigador respondió que tan sólo 201 casos tenían sentencias condenatorias en firme, que la gran mayoría se encontraban en etapas preliminares y no dio respuesta de los procesos de la tercera parte de las víctimas. (Leer más en: Apenas uno de cada diez asesinatos de líderes sociales cometidos en 23 años, tiene sentencia)
Por cuestiones de cantidad, la mayoría de casos resueltos se concentran en los sectores comunal, indígena y comunitario. Representan 139 de las 201 sentencias que ha emitido la justicia: se han dictado 63 en 458 asesinatos de defensores comunales, 36 en 379 asesinatos de indígenas y 53 en 318 asesinatos de defensores comunitarios.
Para Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), estos son los más golpeados porque representan a las comunidades y organizaciones que más resisten a la imposición de controles territoriales y sociales que imponen los grupos armados.
Sobre la violencia que padecen líderes y lideresas del sector comunal, señala que son los más afectados porque se ha consolidado como base de la democracia a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC) en barrios y veredas, en donde se toman decisiones sobre el devenir de sus entornos de manera comunitaria. Y esa capacidad de organización y toma de decisiones los ha puesto en la mira de los violentos.
“Hoy los grupos armados han pretendido tener o ejercer regímenes autoritarios y violentos contra las comunidades. Y se han dado cuenta de la necesidad de que para tener este tipo de regímenes, deben utilizar a la Junta de Acción Comunal, doblegarla y violentarla por medio de las armas y de la amenaza. Por eso están atacando tanto a la Junta de Acción Comunal, volviéndola uno de los liderazgos sociales más violentos en estos momentos”, precisa González.
Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, señala que los más de 450 asesinatos de mujeres y hombres que representan las luchas de los sectores comunal y comunitario obedecen a que son liderazgos de base, que se encuentran expuestos ante la violencia de grupos ilegales y el abandono estatal. “A pesar de la violencia, están en veredas y barrios de una manera muy organizada”.
Por otro lado, Edwin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, (Cric), advierte que el movimiento indígena es violentado por ejercer el gobierno propio dentro de sus territorios, lo cual se ha traducido en ataques contra sus autoridades, mayores y miembros de la Guardia Indígena, por parte de fuerzas ilegales organizadas alrededor de la delincuencia y de la economía.
“En las zonas apartadas del país hay una construcción de poder desde la ilegalidad para beneficios particulares y ha tenido resistencias o ha encontrado resistencias en el movimiento indígena, por lo que las ataca de manera directa con amenazas, atentados y asesinatos”, indica. (Leer más en: Masacre de Tacueyó: el alto costo de ejercer la autoridad propia)
Y agrega: “Incluso el mismo Estado durante mucho tiempo se ha encontrado, o al menos unos modelos de Estado, se han encontrado en la resistencia indígena no a un aliado en los territorios, sino que nos ve como un enemigo y así fue durante mucho tiempo. El movimiento indígena fue tratado como un enemigo por parte del Estado”.
A nivel regional, tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, se han consolidado tendencias sobre asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Año a año, las mediciones de Somos Defensores y otros observatorios, coinciden en que Cauca y Antioquia son los departamentos en los que más activistas son asesinados. Los demás puestos se alternan según las dinámicas coyunturales de Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Norte de Santander.
Los seis departamentos están marcados por ser territorios en disputa por grupos que surgieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares vinculados a las Auc, a los rearmados de las Farc y a la guerrilla del Eln. Son territorios apetecidos para explotar rentas legales e ilegales, así como por ser corredores de movilidad o tener condiciones favorables para instalar campamentos armados.
Sin embargo, las cifras ponen de manifiesto dos tendencias claras: en Antioquia se concentra la mayor cantidad de asesinatos de defensores comunales y comunitarios, mientras que en Cauca de indígenas.
De acuerdo con los registros de Somos Defensores, entre enero de 2002 y septiembre de 2025, en Cauca fueron asesinados 341 personas defensoras de derechos humanos; de ellas, 223 pertenecían a los sectores comunal, indígena y comunitario, lo cual equivale al 65 por ciento de las víctimas, siendo las indígenas la mayoría de ellas. En Antioquia, con un total de 253 víctimas, siendo 151 de los tres sectores mencionados previamente, la proporción equivale al 60 por ciento.
Que los departamentos de Cauca y Antioquia sean los máximos representantes en materia de asesinatos de estos liderazgos no es algo fortuito. En ambos confluyen organizaciones de derechos humanos que reivindican múltiples causas y denuncian atropellos contra comunidades, a la par de grupos armados de diferente naturaleza que buscan hacerse con el control territorial que encuentran resistencia por parte de ellas.
Para el caso de Cauca, González, de Indepaz, señala que el trabajo sostenido en el tiempo de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. “Llevan muchos años trabajando en temas económicos, con agendas de resistencia a grupos armados y a la presencia de multinacionales, dedicados a la defensa del territorio y del medio ambiente. Las comunidades indígenas a los niños les enseñan a defender su territorio y muchos de ellos hacen parte de las pequeñas guardias ambientales”, detalla.
Y agrega: “Eso hace que el interés del grupo armado, de quienes están detrás del grupo armado o de quienes pretenden implementar un régimen local, se vea afectado por la resistencia de las comunidades”.
Torres, de Somos Defensores, indica que en Antioquia también hay organizaciones de muchos años, especialmente campesinas e indígenas, que tienen como esencia la defensa del territorio y que por esos procesos de resistencia, se presentan ataques contra líderes y defensores de derechos humanos.
“Ese binomio de gran resistencia de los organizaciones sociales y actores armados ilegales, sigue generando unos grandes niveles de violencia. La gente no deja de hacer su labor pese al riesgo que sufre y siguen siendo atacados porque no abandonan su liderazgo”, concluye.